• Opinión Acontecer.co.cr
Recientemente fue dictaminado el Expediente 23.229 que pretende unir las elecciones nacionales con las elecciones municipales. No han pasado ni 10 años luego de que la reforma que separaba las elecciones nacionales de las locales entrara en vigencia, recién hace unas semanas celebramos apenas las terceras elecciones municipales separadas, pero con extraña premura los actuales legisladores han manifestado: ¡Eso no sirve!
¿La tercera es la vencida? En materia electoral es riesgoso precipitar las conclusiones, pero aún más reformar el sistema cuando aún no hay un plazo razonable y coherente para analizar los resultados. Los principales argumentos que defienden la iniciativa de ley se basan en el abstencionismo y en el costo económico que representan las elecciones.
En relación con lo primero, hago uso de una definición de “abstencionismo” documentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El abstencionismo electoral, que se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía participativa […]”. Parece sencillo el concepto, pero frecuentemente se encierra en la interpretación errónea de “personas que no votaron”, el abstencionismo nos dice la CIDH está profundamente relacionado con la “apatía de la ciudadanía” a esto se refiere ir más allá del índice o número que representa, comprender que hay una falta de emoción, de sentimiento, un desinterés por ejercer el derecho democrático del voto.
Las reflexiones en torno a la “apatía ciudadana” son necesarias, sobre todo en un contexto en el cual el abstencionismo crece paulatinamente, sin diferenciar la clase de proceso electoral. Por un lado, es justo cuestionar si los partidos políticos realmente están ofreciendo candidaturas atractivas al electorado; renovando sus estructuras, cambiando e impulsando nuevos liderazgos, construyendo propuestas serias y planes realistas, pero por otro lado, también es oportuno cuestionar el rol del Tribunal Supremo de Elecciones como facilitador y defensor de los espacios participativos y democráticos, preguntarse si las oportunidades para ser elegido son realmente accesibles, si la información sobre las candidaturas es suficiente y eficiente, si el esfuerzo por capacitar y enseñar a los ciudadanos es efectivo, pero sobre todo, si la normativa electoral se ajusta a las necesidades locales y nacionales, si los procesos y engorrosos trámites administrativos no desaniman a quienes desean ser representantes de la ciudadanía.
En torno a lo segundo, a lo económico, compete completamente al TSE la solución del caso. Hay una gran desigualdad presupuestaria entre los partidos políticos; existen unos que guardan reservas de más de dos mil millones de colones y existen otros en condiciones paupérrimas, aun así, sin soluciones al horizonte, muchos se enfrentan apostando a la suerte.
En este sentido el TSE ha propuesto el Expediente 23.883, el cual busca fortalecer el acceso a los recursos de deuda estatal tanto para elecciones nacionales como municipales. En esto cabe un análisis de los costos de campaña, porque en la actualidad es más efectiva una campaña digital que una campaña tradicional, además la campaña tradicional es poco amigable con el ambiente, poco sostenible.
El TSE puede, y tienen los mecanismos legales, para incentivar las campañas sostenibles, que eviten el uso de lonas, vallas y papel, que al final se convierten en basura, un incentivo económico para los partidos políticos que se preocupan por el bienestar ambiental, pero esto requiere también de flexibilizar las campañas digitales, promover el uso de las redes sociales y otras estrategias modernas de comunicación.
Sobre si las elecciones deben ir juntas o revueltas no es más que un programa estratégico de recuperación de los territorios. De aprobarse esta reforma de ley se corre el riesgo de exterminar a los partidos cantonales, que tomaron fuerza en las últimas elecciones municipales, y quienes podrían ser eclipsados por una figura presidencial. Esto ayudaría a la desinformación de los comicios locales, confundiría a los ciudadanos con variedad de papeletas y elevaría el desinterés común por los gobiernos locales.
Si la preocupación de los legisladores es el elevado costo de las elecciones locales, entonces deberían abstenerse de crear más cantones e iniciar un proceso de reestructuración de la división territorial costarricense.
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