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Opinión

¡La educación no debe ni puede estar al servicio de la política!

¡La educación no debe ni puede estar al servicio de la política!
Esta noticia es de hace 4 años

No obstante, la polí­tica debe estar siempre al servicio de la educación!

Columna de Opinión: Emanuel Jiménez.

Es sumamente indignante lo acontecido con las pruebas FARO, pero bueno, no podí­a esperar menos de un ministerio obsoleto y fantasma a las necesidades educativas de nuestro paí­s.

En primera instancia porque el ministerio de Educación Pública únicamente podí­a formular a la población estudiantil preguntas sensibles con la autorización previa, expresa e informada de los encargados legales, lo cual se omitió.La educación costarricense no está para pasos en falso.

Hemos visto como se ha agravado la brecha digital y bajado sustancialmente los í­ndices de aprendizajes en los estudiantes. Costa Rica se ha caracterizado por destinar un 8% del PIB para el sector educativo. Y no es una decisión del gobierno, es una norma constitucional. Sin embargo, yo me pregunto. En realidad vale la pena ese 8%. La educación costarricense no puede depender de un estatus social o de un posicionamiento territorial.

Las autoridades deben de velar y promover una educación integral que permita preparar para la vida fuera del aula, no para programar mentes y llevarlos a ideologí­as sociales o polí­ticas.

Emmanuel Jiménez

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Carlos Valencia
Escrito por
Carlos Valencia

Periodista UIA 2024. Director y Fundador del medio Acontecer.co.cr - Mención honorífica en el Premio Alberto Martén Chavarrí­a 2023, Categoría Estudiantes.

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Consensus Parlamentario
Opinión

Consensus Parlamentario

Diputado del Bloque Democrático cuestiona que la elección de presidencias legislativas sea por acuerdo de todos

Recientemente, durante la instalación de una de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, un diputado del ahora llamado Bloque Democrático (no Bloque Opositor) corrigió a la señora Presidenta del Congreso, el letrado legislador dijo: «Señora Presidenta, la elección no fue por consenso, porque consenso viene del latín consensus que significa por el acuerdo o consentimiento de todos».

Evidentemente, la aclaración del ducho diputado no iba por la forma, iba por el fondo, porque detrás del dato etimológico lo que había era una necesidad acuciante de dejar en actas que la elección de las presidencias y secretarías de aquellos órganos legislativos no era consentido por todos, mucho menos por el ahora Bloque Democrático, sino que era asunto y antojo meramente del oficialismo.

¡Qué curioso! Una legislatura atrás no consideraron al oficialismo para la integración de ningún órgano legislativo más que la Comisión de Redacción —que aquí sí— era por la forma y no por el fondo de las iniciativas de ley.

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Jueces deben imponer penas más severas al crimen organizado
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Los jueces no pueden seguir aplicando penas mínimas frente al crimen organizado

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Las propias estadísticas oficiales y el debate nacional reconocen que el crimen organizado se convirtió en uno de los principales problemas del país.

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Cuando el arte nos reúne: el verdadero sentido de ser Banco Popular
Opinión

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Este es un artículo de opinión y refleja únicamente la perspectiva del autor. No necesariamente representa la postura de la redacción ni del medio.

Por Jessica Borbón Garita
Directora de Relaciones Corporativas
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

 

Hay momentos en los que un país se reconoce a sí mismo. Momentos en los que miles de personas, sin distinción alguna, se encuentran en un mismo espacio para compartir algo tan simple —y a la vez tan profundo— como la alegría.

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Opinión

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• La sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 20 de marzo de 2025 marca un hito en la evolución del Derecho Laboral Público costarricense

Opinión Acontecer.co.cr

En esta resolución, el tribunal constitucional reafirma el carácter tutelar del derecho a la negociación colectiva, reconocido en tratados internacionales vinculantes para el paí­s, y declara inconstitucionales múltiples disposiciones restrictivas introducidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.º 9635).

Por Joseph Alfonso Rivera

Abogado Especialista en Derecho Público, Penal y Contratación Administrativa

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