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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido serias advertencias a Costa Rica tras la promulgación de la Ley N.º 10369, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 7333) y a la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Ley 9481).
Estas advertencias se centran en el impacto de la aplicación retroactiva de esta ley sobre los derechos fundamentales de ciertos grupos, como las mujeres en situación de vulnerabilidad, y cuestionan la constitucionalidad de las nuevas medidas establecidas. La retroactividad, según la CIDH, amenaza con violar principios de derechos humanos reconocidos a nivel internacional, incluyendo los establecidos por la Convención de Palermo.
Críticas al Proceso Legislativo
La CIDH también ha sido enfática en señalar que el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la Ley N.º 10369 careció de diálogo y consenso. En su lugar, denuncia la imposición de criterios autoritarios en detrimento de la deliberación democrática. Esta ausencia de debate, según la CIDH, resulta en una legislación que no solo vulnera derechos humanos sino que se desvía de los estándares internacionales. La CIDH subraya que este proceso autoritario ha afectado el debido respeto hacia los derechos de los involucrados en procesos penales previos a la reforma.
Retroactividad y Derechos Fundamentales
Uno de los aspectos más controversiales de la Ley N.º 10369 es su aplicación retroactiva, la cual afecta a personas ya involucradas en procedimientos legales anteriores a la promulgación de la ley. La CIDH ha destacado el caso de mujeres vulnerables como un ejemplo de cómo esta retroactividad puede violar derechos humanos básicos y los principios de derecho comunitario. Según la CIDH, aplicar las nuevas disposiciones a casos previos constituye un atropello a los derechos adquiridos, afectando gravemente la integridad del proceso judicial.
Excesos en la Legislación
La Ley N.º 10369 establece cambios significativos que, según la CIDH, exceden los límites establecidos por la Constitución Política de Costa Rica, la Convención de Palermo y la Carta de Derechos Humanos. Entre estos excesos se encuentra la ampliación de la prisión preventiva a un período superior a cuatro años, lo cual va en contra de los estándares internacionales que buscan limitar esta medida a un período razonable. Además, la ley permite la intervención telefónica para una amplia gama de delitos, algo que anteriormente estaba restringido a casos específicos de delincuencia organizada.
Medidas Cautelares Emitidas por la CIDH
En respuesta a estos excesos legislativos, la CIDH ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de quienes se ven afectados por la aplicación de esta ley. Los casos MC-538-23 y MC-1048-24 se encuentran en fase de estudio y ejecución, en un intento de asegurar que las personas involucradas no sufran daños irreparables. Estas medidas buscan contrarrestar los posibles efectos negativos de la retroactividad de la ley, garantizando un resguardo temporal ante el impacto de la nueva legislación.
Defensa y Propuestas de Reforma de Joseph Alfonso Rivera Cheves
Joseph Alfonso Rivera Cheves, abogado penalista especializado en derechos humanos, ha sido una voz crítica y defensora en los casos afectados por la Ley N.º 10369. Con una destacada formación en derecho penal y justicia de los Estados Unidos, Rivera Cheves ha promovido activamente la revisión de esta ley, argumentando que la retroactividad vulnera los derechos fundamentales de los acusados. Además, ha abogado por un proceso legislativo que incorpore un enfoque inclusivo y que respete los derechos humanos en cada fase de su creación y aplicación.
Rivera Cheves ha sido enfático en que la Ley N.º 10369 debe alinearse con los estándares internacionales establecidos en la Convención de Palermo, y que la aplicación retroactiva de la ley debe eliminarse para garantizar la equidad y justicia en los procesos penales. Su participación en medidas cautelares ante la CIDH refleja un compromiso profundo con la justicia y el respeto de los derechos humanos, buscando que las reformas legislativas en Costa Rica se ajusten a los principios internacionales de derechos fundamentales.
Recomendaciones y Soluciones Propuestas
La CIDH ha recomendado a Costa Rica revisar la Ley N.º 10369 y adoptar una postura más alineada con los estándares de derechos humanos internacionales, eliminando su aplicación retroactiva y promoviendo un diálogo legislativo inclusivo. Además, ha sugerido que se limiten los periodos de prisión preventiva y que se restrinjan las intervenciones telefónicas a delitos relacionados directamente con el crimen organizado.
Esta investigación subraya los desafíos que enfrenta Costa Rica al tratar de equilibrar el fortalecimiento de su jurisdicción en delincuencia organizada con el respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional y la sociedad civil estarán atentas al desarrollo de este proceso y a los esfuerzos del gobierno por alinearse con los principios de justicia y derechos fundamentales.
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