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El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha expresado su sorpresa ante la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Solís, quien gobernó el país de 2014 a 2018, ha rechazado de manera categórica los cargos que se le imputan y ha manifestado su disposición a presentarse ante los tribunales para enfrentar el proceso judicial.
En relación al caso por el cierre del Banco Bancrédito, Solís ha enfatizado que su administración siempre actuó en estricto apego al derecho, buscando el beneficio del país y velando por la protección de los acreedores del banco y los derechos de sus trabajadores. Además, ha resaltado que el cierre del banco se llevó a cabo de manera ordenada, evitando así una afectación completa del sistema financiero nacional.
El expresidente ha manifestado su confianza en que prevalecerá la justicia por encima de cualquier otro interés y ha evitado hacer más comentarios sobre el caso, ya que se encuentra judicializado. A partir de ahora, será el Bufete ALTA-Batalla quien se encargue de brindar cualquier información adicional relacionada con el proceso legal.
En cuanto a la acusación en su contra, Solís ha sido señalado por un supuesto delito de “influencia en contra de la Hacienda Pública” y por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material. Según la acusación, se habría acordado trasladar fondos públicos al Bancrédito con el objetivo de simular una mayor liquidez en el banco, a pesar de que no había posibilidades de retorno de dichos fondos y sin aplicar criterios técnicos adecuados. Esto habría afectado la liquidez del Gobierno para cumplir con sus compromisos de pago y agravado el déficit fiscal del país.
El expresidente comentó, “no deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso”, Solís destacó que, “hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no sólo la Fiscalía, han realizado, rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan”.
Además de Solís, otras personas están involucradas en el caso, entre ellas Helio Fallas Venegas, exvicepresidente y exministro de Hacienda, y Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia. También se han acusado a funcionarios con los apellidos Cubero Acosta y Arroyo Rivera.
En caso de comprobarse algún delito, la pena de cárcel estipulada por la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito va de 2 a 8 años. El proceso judicial determinará la responsabilidad de cada implicado y se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y llegar a una conclusión en base a las pruebas presentadas, esta es una información de Cultura.net
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