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El Ministro de Hacienda de Costa Rica ha generado controversia en el país al defender medidas fiscales y, al mismo tiempo, criticar la rebaja del impuesto al marchamo. Estos comentarios han desencadenado un debate en torno al tamaño del Estado y la carga fiscal que enfrentan los ciudadanos.
La diputada del Partido Liberal Progresista Johana Obando, ha criticado al Ministro Acosta por su posición en relación con dos empresas estatales, la Compañía Nacional de Fuerza y ​​Luz (CNFL) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).
La diputada mediante una publicación en sus redes sociales argumento que estas empresas deberían cerrarse o reformarse drásticamente para evitar un mayor despilfarro de recursos públicos, el ministro ha defendido su continuidad, lo que ha llevado a acusaciones de promover un Estado “inservible”.
Obando comentó, “El ministro de Hacienda es un ESTATISTA, amante de un ESTADO grande e inservible, él aplaudió que CNP y FANAL que sirven para nada, se salieran de la regla fiscal y en lugar de promover su cierre, promueve que sigan “ordeñando” al pueblo. Pero se razga las vestiduras, cuando de bajar el impuesto al marchamo se trata, ahí sí, hay que contener el “hueco fiscal”, por favor no quieran vernos la cara. El mensaje del Ministro de Hacienda es claro, despilfarro y gasto a manos llenas en el Estado, pero austeridad y látigo para los demás al NO permitir que el pueblo tenga un alivio en el bolsillo a través de la rebaja del marchamo. Señor Ministro, tape los huecos fiscales conteniendo el gasto público, pero no pretenda que el pueblo trabajador sea el que mantenga su miedo de poner un alto al despilfarro.”
La situación se volvió aún más polémica cuando el Ministro mostró su oposición a la rebaja del impuesto al marchamo, una medida que habría aliviado la carga fiscal de los ciudadanos. Esta postura ha generado críticas, ya que se percibe como contradictoria con su defensa de mantener instituciones estatales que operan con déficits.
El debate se ha centrado en el papel del Estado en la economía y la necesidad de un equilibrio entre la inversión pública y la carga fiscal de la población. Algunos argumentan que el Estado debe ser más eficiente y que las empresas estatales deben operar de manera sostenible, mientras que otros sostienen que la inversión pública es esencial para el bienestar social y económico.
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